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Una opinión sobre el desarrollo de Infraestructura en el mundo

Hoja de ruta para la infraestructura

Hoja de ruta para la infraestructura -> Análisis – Portafolio.com.co

El sistema político debe avocar el desarrollo de la infraestructura como un propósito nacional de largo plazo. En adelante se deberá evitar la discusión anualizada del presupuesto nacional para que la infraestructura no se conciba de forma desarticulada, ni facilite prácticas clientelistas que sacrifican visiones estratégicas.

Para la optimización de las inversiones se deberá construir un Plan de Transporte con visión largoplacista a partir de las necesidades del país. De esta forma, mientras se ejecutan las obras prioritarias ya contratadas, se podrán madurar los proyectos con base en estudios y diseños confiables. Este plan maestro debe estar construido sobre el aprovechamiento de las ventajas de cada modo de transporte, la vigorización de corredores competitivos y alineamiento de todas las instituciones y sectores en una política logística.

Es necesario revisar las fuentes de financiación de infraestructura con el fin de lograr recursos recurrentes que, además de permitir la expansión de la oferta actual de los proyectos para la integración social y geográfica del país y la competitividad nacional, garanticen un mantenimiento predecible y acorde con niveles de transitabilidad óptimos.

Deben ampliarse las fuentes de financiación de origen público: con mayor flexibilidad para utilización del Sistema General de Participaciones, SGP, con la destinación de mayor cantidad de recursos de regalías a un gran plan de infraestructura para la competitividad, entre otras. Hay que vigorizar la descentralización.

Los departamentos y municipios deben ampliar el espacio fiscal con el fortalecimiento de rentas endógenas y exógenas. La capacidad de gestión de las entidades territoriales también requiere de políticas públicas con miras a que la Nación pueda asumir con exclusividad los proyectos prioritarios para la competitividad y aquellos que tengan un objetivo estratégico para la seguridad.

La red terciaria deberá entregarse en su totalidad a los departamentos y municipios para su manejo responsable: las entidades territoriales conocen mejor las necesidades de sus comunidades. La consolidación de las competencias territoriales permitirá que el Ministerio de Transporte se fortalezca como organismo rector de la política en materia de infraestructura y transporte.

La atracción de la financiación de fuentes diversas al presupuesto público debe ser una prioridad. Es necesaria la vinculación del ahorro de los fondos de pensiones y cesantías, en el gran propósito de la modernización de la infraestructura. Los proyectos que busquen este objetivo también deberán contar con un nivel de estudios y diseños suficientes que minimicen los diversos riesgos y protejan el ahorro del público.

Sólo a partir de buenos proyectos es posible atraer la inversión, la ejecución oportuna de las obras y la reducción de la conflictividad en la contratación. Para lograr este cometido las entidades contratantes deben realizar acciones de capacitación de los funcionarios encargados del emprendimiento, promoción y contratación de los proyectos. Los funcionarios públicos deberán ser escogidos con base en el mérito y sin consideraciones políticas.

Siendo la descongestión y eficiencia de la justicia una prioridad nacional, deben revitalizarse los mecanismos alternativos de solución de controversias en la contratación pública. Siempre es preferible una solución oportuna que un pleito prolongado, más aún cuando están de por medio las expectativas de las comunidades. Las soluciones arbitrales deben ser definitivas.

Es fundamental la creación de un ente rector que dirija las políticas públicas de contratación. La reciente reforma a la normatividad sobre contratos estatales no garantiza por sí sola los principios que siempre deben inspirar esta materia: la transparencia, la responsabilidad, la economía y la eficiencia. Es necesario que se generen buenas prácticas de contratación, las cuales deben ser incentivadas por una entidad que, sin menoscabar las competencias de los entes descentralizados, monitoree y propenda por este propósito.

La creación de una comisión de regulación para la prestación del servicio de transporte es necesaria para la modernización de este sector en sus distintos componentes: carga, pasajeros, urbano, interurbano, etc. La autonomía de un ente técnico que cumpla esta función deberá predicarse de los sectores regulados y del director de la política. Con los correctivos necesarios, el referente en este aspecto debe ser el de las comisiones de regulación de los servicios públicos domiciliarios.

El Instituto Nacional de Concesiones, INCO, deberá consolidarse como un promotor de proyectos y un actor para la atracción de la inversión. La supervisión e interventoría sobre la ejecución y avance de las obras deberá adelantarse con instrumentos que no distraigan al INCO de su objetivo primordial.

Para concluir, las propuestas mencionadas y argumentadas deben ser tenidas en cuenta en el debate que resta de la campaña presidencial, en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y en la agenda de la infraestructura para el próximo cuatrienio

Filed under: Concessions, Economy, _Project

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